Morosidad
en el crédito universitario.
Más de 70
autoridades del sector público figuran en la lista de morosos del Fondo
Solidario del Crédito Universitario, 50 de las cuales son altos funcionarios de
Gobierno, según el cotejo de datos publicado por "El Polígrafo", de
este diario.
Según los registros que publica cada enero el Consejo de Rectores (CRUCh) -que agrupa a las 25 universidades llamadas "tradicionales"-, Ministros, Subsecretarios, Parlamentarios, Alcaldes, Seremis, Gobernadores y Jefes de servicio estuvieron o se mantienen en calidad de deudores; alrededor de 20 de ellos adeudan entre 5 y hasta más de 45 millones de pesos. De acuerdo con esta investigación periodística, la mayoría se muestra dispuesta a regularizar su situación, reconociendo descuido o desconocimiento. Hay quienes reclaman un cobro excesivo y, en la posición más extrema, algunos se niegan a pagar por una "posición política".
Para el CRUCh, pagar el crédito universitario es una manera de retribuir por la formación académica recibida y contribuir a que otros puedan acceder a ella gracias a esos fondos. Sin embargo, actualmente se calcula que el monto de la morosidad ascendería a US$ 1.300 millones, pues alrededor del 40% de los beneficiados no paga regularmente su deuda, cifra que contrasta con la de la banca privada, en la que la morosidad es del 6%.
Al parecer, no existiría para las universidades un claro incentivo para gestionar estas deudas y, de hecho, se observan importantes diferencias en los niveles de recaudación entre los distintos planteles: mientras algunos superan el 80%, otros apenas logran cerca del 20%, lo que obliga al Estado a inyectar permanentemente más recursos a este fondo, que supera los 4.200 millones de dólares. Entre los que acreditan mejores niveles de cobranza se cuentan establecimientos reconocidos por su mejor gestión educativa.
Si bien se esgrimen diversas razones para esta alta morosidad entre los beneficiarios del crédito universitario -ineficiencia del sistema, falta de incentivos para los deudores y para las universidades por la dificultad de su gestión, posturas ideológicas, factores sociales-, preocupa la señal que al respecto se entrega. Por una parte, llama la atención que en los procesos de nombramiento de los funcionarios públicos esta situación de morosidad no sea considerada en el momento de selección para cargos de gran responsabilidad, en los que, precisamente, se deben tomar decisiones que implican manejo de recursos Fiscales. Asimismo, la falta de preocupación por cumplir con las obligaciones crediticias de quienes ocupan cargos de autoridad ciertamente no constituye un modelo de conducta ante los compromisos contraídos que merezca imitarse. ¿Cómo exigir cumplimiento a los Gobernados si los Gobernantes no lo estiman necesario respecto de sí mismos?
Tomado
de Diario El Mercurio.
