Perú: el
riesgo de celebrar antes de tiempo.
Cuando las calificadoras de riesgo funcionan
bien, obtener una calificación dentro del rango “A” para un país es el
equivalente para una persona a ser reconocida como alguien serio, que se maneja
responsablemente y en quien se puede confiar. Alguien, consiguientemente, con
quien uno puede hacer negocios con un bajo riesgo de comportamientos
imprudentes, impredecibles o estafadores
de su parte. Lo que, desde luego, significa una buena noticia para esa persona
o país: las personas están dispuestas a contratar por precios menores con los
interlocutores que son considerados serios. De esta forma, por ejemplo, un país
con grado de inversión puede financiarse a tasas de interés menores que un país
que no lo tiene.
Considerando esto, el que Moody’s, una
importante agencia internacional evaluadora de riesgo, haya decidido subir la
calificación del Perú en dos escalones (de la Baa2 a la A3) de un golpe,
tendría que ser una muy buena noticia. Y, sin duda, hay una medida en que
indiscutiblemente lo es. Por un lado, porque ya trajo consecuencias positivas
en la imagen del país frente a los inversores, haciendo, por ejemplo, subir los
valores de las empresas peruanas que cotizan en bolsa. Y por el otro lado,
porque varias de las fortalezas apuntadas por Moody’s para su decisión son reales. Es real que la economía peruana, conforme ha ido
creciendo, se ha ido diversificando lo suficiente – y de una manera
natural– como para que “la salud Fiscal”
del país se haya mantenido pese a la caída de los precios de sus exportaciones
mineras. Y es también verdad que con su reciente paquete –básicamente
desobstaculizador–, el Gobierno ha dado señales de entender que sin inversión y
emprendimientos no hay producción, empleo ni crecimiento.
No obstante lo anterior, al día siguiente del
informe de Moody’s, una de sus principales competidoras salió – como quien da
muestra de las bondades sociales de la libre competencia– a señalar por
implicación algunos de los puntos débiles de la calificación de su rival. “Las
instituciones son todavía muy débiles en el Perú”, dijo Standard & Poor’s,
poniendo el dedo sobre uno de nuestros principales problemas. Y, en efecto,
somos un país cuyo Poder Judicial es permanentemente clasificado por la
población como una de las instituciones más corruptas e ineficientes del país
(un Poder Judicial que, de hecho, nos hace ocupar el puesto 115 de 185 países
en la categoría “facilidad para hacer cumplir los contratos” del ránking Doing
Business del Banco Mundial). Un país sin verdaderos partidos políticos, en el
que para las próximas elecciones Regionales y locales van inscritos más de 300
movimientos, profundizando un problema ya estructural que hace que nadie tenga
mayor oportunidad de saber por quién vota y que ha logrado que a la fecha 3 Presidentes
Regionales estén detenidos y un cuarto fugado
(con todo apuntando a que pronto seguirán a estos varios más). Un país con un problema de seguridad
desbocado, una de cuyas principales causas parece ser justamente el estado de
las instituciones encargadas de controlarlo (no es coincidencia que todas las
mafias Regionales descubiertas tuvieran policías, Jueces y Fiscales en sus
planillas). Un país donde las protestas violentas pueden estallar sobre la base
de casi cualquier mentira y servir para convertir automáticamente en nulos
todos los procesos y todas las garantías Legales. Un país que a la fecha no
puede terminar de encaminar una reforma educativa que permita salir a su
educación pública del último puesto en todas las categorías educativas
evaluadas por la prueba internacional de Pisa. Y etcétera.
Por otra parte, Moody’s también parece estar
sobreestimando el peso del paquete. Como hemos dicho antes, este va en la
dirección correcta, pero no en suficiente profundidad. Por solo citar un
ejemplo clave, tenemos uno de los regímenes laborales más rígidos de nuestra
región –con un empleo informal que alcanza el 68,6% de la fuerza laboral, según
la OIT– y eso no cambiará luego del paquete. Tampoco es muy probable que este
alcance para adelantarnos demasiado desde el puesto 128 (de 144 países) en la
categoría “peso de la regulaciones burocráticas” del Índice Global de
Competitividad.
No se trata, desde luego, de hacer de
aguafiestas. Pero sí de no sobreestimar lo que hemos logrado cuando todavía hay
por delante tanto camino por andar. Después de todo, hay veces en que postergar
un poco la fiesta puede servir para dotar de bases más reales a la celebración
y, por lo tanto, de un día siguiente que no arruine lo bailado.
Editorial de Diario El Comercio.
