Miopía de
consignas en educación,
por Constanza Hube.
En momentos en que se plantea la gratuidad en
educación superior como requisito sine qua non para formar parte del próximo Gobierno
y en que pareciera que ex dirigentes estudiantiles (actuales Diputados
oficialistas) tienen el poder de vetar a quienes ellos consideran como
inhabilitados para ejercer los cargos, son muchas las interrogantes que se
presentan con respecto a este tema. ¿Gratuidad universal para todos quienes
asistan a todas las instituciones de educación superior, incluyendo centros de
formación técnica e institutos profesionales? ¿Gratuidad con letra chica, es
decir, con cargo a un impuesto a la salida de la carrera? Sin perjuicio de
éstas y más preguntas sobre la gratuidad -que pareciera ser el único tema de
discusión en educación- hay otro punto que pareciera no ser objeto de
preocupación. ¿Qué pasará con los proyectos pendientes en educación en el
próximo Gobierno que ni se mencionan en medio de esta fijación por la
gratuidad?
Hay tres
proyectos que son muy relevantes, ya que se trata de reformas en los distintos
niveles de educación y respecto de los cuales no ha habido voluntad política
para sacar adelante: carrera docente, autorización de jardines infantiles y
Superintendencia de Educación Superior.
El primero, buscaba reformar el rígido Estatuto
Docente, y a pesar de que fue presentado hace ya casi dos años, no tuvo
movimiento Legislativo, luego de un fuerte lobby, especialmente de parte del
Colegio de Profesores. Por esto, el Gobierno presentó una indicación
sustitutiva, que tuvo por finalidad sacar adelante parte del proyecto,
particularmente lo que se relaciona con el inicio de la carrera docente. Entre
los puntos destacables se encuentra el aumento de remuneraciones de entrada al
ejercicio de la carrera docente en todo el sector subvencionado para los
mejores egresados de pedagogía y la disminución de las horas lectivas. A pesar
de que fue aprobado en la Cámara
-luego de un acuerdo entre Parlamentarios oficialistas y de oposición-
fue aprobado sólo en general en el Senado, por lo que no alcanzará a ser Ley en
este Gobierno.
El
segundo busca exigir un control respecto del funcionamiento de establecimientos
de educación parvularia, exigiendo por primera vez en nuestro país una
autorización obligatoria, cumpliendo con una serie de requisitos, tan básicos
como que no puedan ser dueños y trabajar en un jardín infantil personas que
hayan sido condenadas por abuso sexual. A pesar de que este proyecto fue
presentado hace casi un año -como reacción a los casos de alta connotación
pública que dieron cuenta de graves irregularidades- y luego de que en la
Cámara tuvo una rápida tramitación, el proyecto se entrampó en el Senado
producto de una serie de indicaciones presentadas por Parlamentarios de la
Nueva Mayoría. Estas indicaciones no tuvieron otro objetivo que dilatar la
tramitación y en definitiva impedir que el proyecto fuera aprobado.
Finalmente, el proyecto de Superintendencia de
Educación Superior que apuntaba a darle credibilidad al sistema, en más de dos
años no pasó ni siquiera el primer trámite Legislativo.
Es de
esperar que esta suerte de obsesión que tiene el movimiento estudiantil con la
gratuidad y con el lucro no capture la agenda de educación del próximo Gobierno.
Más allá de las consignas, hay iniciativas que se hacen cargo de los problemas
de la educación en todos sus niveles, como la calidad, transparencia y
confianza en el sistema, y que no están teniendo espacio debido a la miopía de
unos pocos.
(Tomado de Diario La Tercera.)
(Tomado de Diario La Tercera.)
