La Historiadora Lucía Santa Cruz desnuda
los peligros implícitos en el programa de
Michelle Bachelet.
EL PROGRAMA (DE
BACHELET) ES EL PRIMER ESCALÓN EN EL ESTABLECIMIENTO DEL SOCIALISMO EN CHILE”
A continuación reproducimos el
extracto de la charla dada por la historiadora
Lucía Santa Cruz, Consejera de LyD, en el Seminario de Coyuntura y que
fue publicado por El Mercurio:
“En el programa de Bachelet, desde un
punto de vista conceptual, lo que se postula es la reconstrucción de la
sociedad, del sistema político y económico, a partir de una idea rectora única
—característica principal de los totalitarismos— en aras de la cual se
sacrifican todas las otras aspiraciones legítimas existentes en una sociedad
diversa y plural: la igualdad. Igualdad que se obtendría a través de la acción
coercitiva del Estado en todos los ámbitos, especialmente en la educación.”
Así comentaba ayer la consejera de
Libertad y Desarrollo, Lucía Santa Cruz, el programa de la abanderada de la
Nueva Mayoría, ante cerca de 80 empresarios, altos ejecutivos y líderes de
opinión. El crudo análisis político, al que “El Mercurio” tuvo acceso, llamó la
atención de los asistentes al seminario de coyuntura que realiza LyD dos veces
al año en forma reservada junto a sus suscriptores, y que está precedido de un
análisis económico, que suele estar a cargo del economista y ex ministro Hernán
Büchi.
Santa Cruz advirtió que el modelo de
desarrollo que ha traído menos pobreza y mayores oportunidades hoy está
“gravemente amenazado” y afirmó que, tal como dijo Karol Cariola, “el programa
de Bachelet es el primer escalón en el establecimiento del socialismo en
Chile”. Y explicó que “bajo el concepto del Estado social de derechos ningún
aspecto de la institucionalidad económica, social y política escapa al intento
de reforma radical basada en la expansión de la esfera del Estado: la
previsión, la salud, las isapres, la legislación laboral, la operación de los
mercados, etc.”.
Así, uno de los puntos que profundizó
en su intervención fue el de la educación. “¿Qué se esconde tras el eslogan
‘educación pública, gratuita y de calidad?’”, dijo respecto de una de las
medidas que promueve Bachelet. Y así respondió: “El programa de gobierno en
materia educacional implica el reforzamiento de la provisión estatal de la
educación en todos los niveles, en serio detrimento de la libertad educacional.
El ‘fin del lucro en todo el sistema educativo’ es meramente un eufemismo para
ocultar la destrucción de gran parte de la educación particular subvencionada,
al establecer que no se otorgarán subvenciones públicas a aquellos colegios que
persiguen retribución económica, los cuales representan nada más y nada menos
que el 88% de los colegios subvencionados, dentro de los cuales el 93% cobra
menos de 15 mil pesos”.
En ese sentido, agregó: “La gratuidad
me temo que finalmente lo que pretende es estandarizar la educación
universitaria, condicionar la acreditación a requisitos impuestos por el Estado
y se transforma así en un instrumento para el control estatal de gran parte del
sistema educacional”.
Otro de los puntos que abordó fue
que, en su opinión, el programa incluye un “cambio radical” en el concepto de
propiedad. “La Nueva Constitución, junto con reconocer formalmente el derecho a
la propiedad privada, agrega que la Constitución ‘debiera contemplar la idea de
que la propiedad obliga y que su uso debe servir al mismo tiempo al bien común.
En esa línea, se requiere reconocer que la función social del derecho a la
propiedad privada y a la herencia, delimitará su contenido, de conformidad a la
ley’. En este sentido, los límites al derecho de propiedad y a la herencia
quedan sujetos al simple arbitrio de una ley. En otras palabras de tener rango
constitucional pasa a ser vulnerable a los designios de una simple mayoría
temporal”.
Desde esa perspectiva, afirmó que
buscar que se reconozca el “dominio público pleno, absoluto, exclusivo,
inalienable e imprescriptible de los recursos hídricos, mineros y del espectro
radioeléctrico” implicaría que, por ejemplo, en la minería se pueda “imponer
desde royalties al margen de los impuestos hasta descalabrar completamente el
régimen institucional de la minería, la fortaleza de sus instituciones y la
permanencia del Decreto Ley 600”.
“Cambio radical” a concepto de
democracia
La historiadora apuntó también al
régimen político, sosteniendo que ese programa implica un cambio radical en el
concepto de democracia. “Elimina los contrapesos al poder de las mayorías,
como, por ejemplo, algunos de los derechos inalienables de las democracias
liberales representativas, como el derecho a la propiedad; limita la libertad de
expresión al establecer que ‘una ley determinará los límites a la concentración
de la propiedad de los medios de comunicación social, tanto monomedial como
multimedia, así como la apertura plural del espectro radioeléctrico, y la
distribución del avisaje público, de modo de garantizar el pluralismo
informativo y el libre acceso a la información’. Todo ello en lo que es una
clara interferencia en las bases económicas que garantizan la autonomía y
libertad de los medios de comunicación”.
En su crítica establece además que se
busca ampliar “el espectro de las materias que quedan sujetas al arbitrio del
Estado llegando al extremo de proponer ‘la acción permanente del Estado debe
instar a la modificación de los patrones socioculturales de conducta que
mantienen estereotipos, prejuicios y prácticas basadas en la idea de
inferioridad o superioridad de algunos de los sexos’”. Y, al mismo tiempo, que
se “limita el poder de los representantes elegidos sustituyéndola por formas de
democracia directa: ‘El Estado reconoce el derecho a la participación ciudadana
en la generación de políticas, definición de prioridades y gestión de las
mismas’”, concluyó citando el texto del programa.
Respecto de la institucionalidad,
Santa Cruz afirmó que “se ha dicho que las reformas constitucionales se harán
por la vía institucional. Esto no es garantía de que no se vayan a lograr si no
alcanzan los quórums pues se establece que la potestad constituyente derivada
reside esencialmente en el Congreso Nacional, pero dictamina, y eso es lo relevante,
que las diferencias entre el Congreso Nacional y el Presidente de la República
que se traduzcan en un desacuerdo sobre el contenido de la reforma
constitucional, en cualquiera de sus trámites constitucionales, deberán ser
sometidas a referéndum constituyente de forma que sea el pueblo el que arbitre
ante tales diferencias”.
