Misterioso instituto,
por Joseph Gómez Villar.
La creación del Instituto del Patrimonio Cultural, prometido por la Presidenta, Michelle Bachelet, en Sewell en 2006, y cuyo proyecto de ley formó parte de la cuenta del 21 de mayo de 2009, pareciera ser la señal de una nueva política cultural.
El instituto generaría descentralización a partir de 15 sedes regionales con amplia autonomía; tendría fondos especiales para rescatar el patrimonio en riesgo; compraría bienes culturales relevantes para el patrimonio nacional, a la vez que protegería y promocionaría el patrimonio inmaterial. Además, articularía incentivos tributarios para las donaciones del empresariado y franquicias para los propietarios de monumentos que actualmente resultan cargas difíciles de mantener; al mismo tiempo, conservaría no sólo los inmuebles patrimoniales, sino también el trazado urbano, evitando su depredación. Crearía un sistema nacional de archivos e instalaría la acreditación de los museos con el objetivo de potenciar el trabajo educativo y social de estas instituciones. Por último, participaría en la transformación de la legislación vigente y contaría con recursos para la investigación, conservación, restauración y difusión a partir de un Fondo del Patrimonio Cultural, financiado con aportes privados y fiscales que, a 2010, podrían ser cercanos a los 5 mil millones de pesos.
No obstante, el proyecto ha levantado sospechas, dado que ha mantenido al margen a la mayoría de los trabajadores de la Dibam y del Consejo de Monumentos Nacionales. El ministro José Antonio Viera-Gallo aseguró que nadie se verá perjudicado. Según él, no se destruirá la Dibam; el objetivo será dar “mayor resalte al patrimonio tangible e intangible del país”.
Fuera de la Dibam también han circulado aprensiones acerca del modo poco transparente en que fue formulado el proyecto. Pareciera que no invitaron a expertos de las organizaciones no gubernamentales dedicadas al patrimonio cultural, ni a académicos de las diferentes universidades. La escasa información pública indica que tampoco participaron las organizaciones civiles de la cultura, de la educación, de los pueblos indígenas, de los derechos humanos, de las mujeres, de la infancia o del trabajo.
Frente a estas circunstancias, es comprensible que no se confíe en la calidad del proyecto. Tal como se han venido dando las cosas, el instituto no parece un auténtico giro en la gestión del patrimonio cultural, sino una maniobra más para ganar réditos políticos, invocando en falso la actualización y democratización de las instituciones.
