¿Se justifica el alto gasto público?
Parece olvidarse que, siendo los recursos productivos limitados, su uso exagerado por parte del aparato público debilita su uso privado, por alzas de la tasa de interés y del precio de los factores productivos en general. A su vez, los mayores intereses atraen dólares desde el exterior, afectando el tipo de cambio real, con perjuicio de los exportadores.
El aumento del gasto público en los dos últimos años y el previsto para 2008 están, a todas luces, muy por sobre el crecimiento del producto, con el agravante de dirigirse en muchos casos a destinos dudosos, como el Transantiago y ferrocarriles, o a burocracia, o a simples remuneraciones y transferencias en salud y educación, sin una contraparte productiva. Esto, además del mal uso en variadas irregularidades, como las de Chiledeportes, sobresueldos, programas de empleo y diversas inversiones en empresas del Estado de muy bajo o nulo retorno.
Sin encarar la modernización del Estado, hay temores fundados respecto del beneficio social del aumento de remuneraciones de los empleados públicos, cuya productividad, lejos de aumentar, disminuye. Otro tanto ocurriría con los enormes recursos destinados a innovación, la que no se obtendrá con meros traspasos para estudios, publicaciones y seminarios universitarios. La innovación y la investigación útiles para el desarrollo sólo se logran en condiciones reales de mercado, en las empresas que deben competir, y no en burocráticos organismos o programas oficiales, como los más de 30 ya existentes.
El aumento del gasto público en salud y educación desde 1990 es francamente desproporcionado si se considera que no se ha traducido en mejoramiento alguno de la calidad. Pero nadie osa pedir cuentas del uso efectivo dado a tan enormes recursos, que habrían servido mejor a los más pobres si se les hubieran asignado directamente, o por la vía de reducciones tributarias de impuestos regresivos —como el IVA y los que afectan a alcoholes y bebidas, a los combustibles, o el de timbres y estampillas—. En cambio, una rebaja tributaria que favoreciera la inversión y la innovación aumentaría el producto y la creación de empleos, con el consiguiente mejoramiento de las remuneraciones.
La política fiscal tiende a convertirse en un continuo enunciado de nuevos gastos con nobles objetivos nunca evaluados, lo que es una invitación a que los grupos de presión exijan más dineros y fomenta los conflictos. Nuestra experiencia, así como la de prácticamente todos los países del mundo, sugiere que aumentos repentinos del gasto público, como el actual, estimulan malos usos, burocracia, mayores costos de operación y aun variadas formas de deshonestidad y corrupción.
Aumentos presupuestarios sin fundamentación clara
En el presupuesto para el año 2008 hay expansiones de gasto que requieren mayor explicación, como el 13,3 por ciento de la Presidencia de la República, el 9,6 de la Contraloría, el 17,4 del Ministerio del Interior, el 21,6 del Ministerio de Economía, el 15,3 en Educación, el 11,8 del Ministerio de Agricultura, el 10,2 de Bienes Nacionales, el 46,7 de Minería, el 24,9 de la Secretaría General de Gobierno, el 9,8 de la Secretaría General de la Presidencia, el 10,1 de Mideplan, el 10,4 de Vivienda y el 18,2 por ciento de Transportes.
El enunciado anterior muestra que todos los ministerios aumentan su gasto, y que la mayoría lo hace en porcentajes alejados del crecimiento del producto o de otro criterio que sugiera racionalidad técnica en el uso de los recursos fiscales.
En las empresas estatales preocupa el enorme aumento de costos de Codelco, y en Enap inquieta su presencia monopólica en el país, que obstruye el descubrimiento y desarrollo de petróleo y gas. Por su parte, los recursos del presupuesto fiscal para energía crecen ocho veces, principalmente para financiar el alza del 51 por ciento en la Comisión Nacional de Energía, como base para crear un nuevo ministerio, que vendría a agregarse a la veintena ya existente.El gasto fiscal en ministerios como Trabajo, Educación y Salud —entre 4,7 y 6,6 mil millones de dólares cada uno— debe justificar una contrapartida de efectivo apoyo social a los pobres, que en todo caso tiene que ser correctamente evaluada.
La tradicional y notable evaluación de proyectos por Mideplan y su influencia decisiva en el desarrollo de las inversiones se ha debilitado, lo que, sin duda, explica los desastres en EFE y el Transantiago, y el puente sobre el Canal de Chacao que pretendió realizar el Gobierno anterior.
Las presiones ejercidas por los más variados grupos de interés en demanda de más aportes fiscales ha sido una característica del actual Gobierno, que habría pasado a mayores si la economía mundial no se hubiera expandido con intensidad y los precios de las exportaciones chilenas, como el cobre, no hubieran subido como lo han hecho.
Si en vez de aumentar el gasto público se hubieran reducido los impuestos, habrían sido mayores el incremento del producto, la inversión, los salarios y el empleo y, con ello, el bienestar de los más pobres. Éste no ha mejorado con claridad como resultado del mayor gasto fiscal social.
Tomado de Diario El Mercurio
