Transantiago sigue por la calle equivocada

Transantiago sigue por la calle equivocada

FELIPE MORANDÉ L.
JUAN ESTEBAN DOÑA

El Gobierno adoptó la estrategia de ir introduciendo mejoras paulatinas al Transantiago, dentro del marco que permiten los contratos con los operadores.

La estrategia evita cualquier enfrentamiento con los operadores, lo que minimiza riesgos. Por el lado de los usuarios, el paso del tiempo los lleva al acostumbramiento y la resignación, obtienen consuelo con las mejoras y pasa a segundo plano el hecho de que el sistema sigue siendo malo.
El problema es que los contratos con un "sistema de ajuste tarifario basado en equilibrio entre ingresos y egresos", como los denomina el proyecto de ley que acaba de enviar el Ejecutivo al Congreso, asegura a los operadores que van a obtener utilidades aun cuando no entreguen regularidad de servicio, ofrezcan recorridos mal diseñados y no controlen la evasión.

La consecuencia es que la calidad del servicio pasa a depender enteramente de las mejoras que introduzca el Ministerio de Transportes y de su capacidad de fiscalizar a los operadores.
El resultado inmediato ya se está viendo: el servicio sigue malo, el sistema requiere de altos subsidios y los operadores obtienen grandes utilidades.

La mantención del mismo esquema en el largo plazo sería un desastre: los contratos más cortos son hasta octubre de 2011 y los más largos son hasta el 2018, pudiéndose extender hasta el 2024, a sola voluntad de los operadores. A esas alturas, con contratos sin incentivos correctos, que dejan indefensos a los usuarios, los únicos pasajeros del transporte público serán los pocos usuarios cautivos, que todavía no hayan podido comprarse un auto o una moto. Los demás andarán en sus vehículos, con la consecuente congestión y contaminación.

El proyecto de ley mencionado contempla dos tipos de subsidio: uno directo del Estado a los pasajes rebajados para estudiantes, en lugar del subsidio cruzado que siempre han realizado los pasajeros que pagan tarifa normal. Y un subsidio transitorio para cubrir el déficit del Transantiago, con montos compensatorios para las regiones.

El subsidio del Estado a los estudiantes se justifica plenamente, como también el subsidio necesario para que no suban los pasajes mientras el transporte público siga siendo más caro que antes para los usuarios, por el mayor tiempo que requieren para realizar el mismo viaje. El subsidio compensatorio a regiones probablemente es conveniente para hacer políticamente viables los montos para el Transantiago, aunque no se justifique desde un punto de vista de rentabilidad social.

El problema es que estos subsidios no resuelven el problema de fondo: el sistema de transporte público entrega un mal servicio y bajo los contratos vigentes sólo puede tener pequeñas mejoras, que son insuficientes para convertirlo en una alternativa razonable frente al auto particular. La consecuencia será que la participación del transporte público va a seguir disminuyendo.

Y, como muy bien señala el mensaje del proyecto de ley, en países en que la participación del transporte público es muy baja, como Estados Unidos y Europa, los subsidios pueden representar más de la mitad de los ingresos.

Obviamente, al no resolver las causas de la mala calidad del servicio, el subsidio transitorio no sólo no será transitorio, sino que tendrá que ir aumentando con el tiempo, a medida que cae la participación del transporte público.

Pero el subsidio no va a ser el único costo para el Estado, porque es necesario considerar también el costo de la infraestructura vial que va a ser imprescindible para acomodar a todos los nuevos automovilistas que huyan del transporte público.

La alternativa obvia es formular nuevos contratos que permitan desarrollar un sistema de transporte público atractivo. Para ello es necesario recomprar los actuales contratos, o negociar la introducción de una cláusula de término anticipado por decisión unilateral del Estado, o expropiar los contratos. En cualquier caso involucraría un pago considerable a los operadores. El pago que tendría que realizar el Estado sería sólo el reconocimiento de la pérdida que se incurrió cuando se firmaron originalmente los contratos.

(Tomado de Diario El Mercurio por considerarlo un aporte a clarificar los errores del sistema)